Por Mariana Jiménez Huerta
Cicatrices, flores y reflejos fue una exposición fotográfica y multidisciplinaria de la artista y periodista Aranza Bustamante, presentada en la Casa de la Cultura Azcapotzalco durante marzo de 2026. A través de fotografías, textos, infografías, poesía de Andrea Mondragón y un corto documental, la muestra propuso un recorrido por tres estados: la marca, la transformación y la mirada. Su premisa fue clara desde el principio, no reproducir la imagen del daño sino acompañar los procesos de reconstrucción de mujeres sobrevivientes de violencia química en México. Ese gesto, aparentemente sencillo, es en realidad profundamente político.
Cuando me enteré de su existencia, lo primero que hice fue buscar información sobre la violencia ácida en México. Lo que encontré fue, sobre todo, una pregunta: ¿cómo es que llegamos hasta aquí?
Violencia química contra las mujeres en México
El primer caso documentado en el país ocurrió la noche del 9 de noviembre de 1988 en la ahora alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Dos hombres rociaron ácido sobre el rostro de María López Tovar, quien tenía 20 años. Posterior a ello, la arrojaron a un río que se encontraba unos kilómetros más adelante. A 37 años de ese ataque, no hay responsables en prisión ni alguna investigación abierta. Su caso sigue impune. María, quien también participó en el conversatorio previo a la inauguración de la exposición, lo describe como un hecho con cicatrices que ya no duelen, pero las de adentro que no se ven siguen doliendo.
Tal vez te interese leer: Este año me explotó en la cara
Han pasado casi cuarenta años y México sigue sin contar con un registro oficial unificado de cuántas mujeres han sido atacadas con ácido. Lo que existe son los esfuerzos de organizaciones civiles como la Fundación Carmen Sánchez, que hasta 2023 había documentado 39 casos, seis de estas mujeres perdieron la vida, con una concentración mayor en Ciudad de México, Estado de México y Puebla. La ausencia de datos oficiales habla menos de una omisión deliberada que de algo quizás más inquietante, una forma de violencia que durante décadas no logró nombrarse con claridad, que no encajaba fácilmente en las categorías con las que el Estado y la sociedad estaban acostumbrados a clasificar el daño. Cuando algo no tiene nombre institucional, tampoco tiene cifra y cuando no tiene cifra, resulta difícil verlo como problema colectivo.
Esa invisibilidad comenzó a fracturarse gracias a la organización de las propias sobrevivientes. La Fundación Carmen Sánchez, creada por una mujer que vivió este tipo de violencia, ha sido un eje central en el registro de casos, el acompañamiento jurídico y psicológico, así como la presión a las autoridades para legislar. Su trabajo, junto al activismo de María Elena Ríos y otras sobrevivientes, impulsó la llamada Ley Malena, que tipifica los ataques con ácido como tentativa de feminicidio. Aunque para finales de 2025 diecisiete estados ya habían modificado sus códigos penales bajo esta iniciativa, cada entidad lo hizo de forma distinta y sin una ley general que unifique criterios y garantías. Lo que revela que incluso el avance normativo sigue siendo desigual y fragmentado.
Lo que sí se sabe, y que resulta fundamental no perder de vista, es que los ataques con ácido no son actos impulsivos ni accidentales. Son actos intencionados y premeditados, en los que en cuatro de cada diez casos documentados el agresor fue la pareja o expareja sentimental, quien previamente había ejercido otros tipos de violencia contra la víctima. No se trata de una pérdida momentánea de control sino de una decisión orientada a marcar, degradar y destruir. Esa distinción importa porque cambia la forma en que debemos leer tanto la violencia como las respuestas institucionales frente a ella.
Una forma distinta de narrarlo
Pero quizá lo más perturbador no es la ausencia de datos, sino la forma en que, cuando estos casos sí salen a la luz, se decide contarlos. La imagen que predomina en los medios es siempre la misma: el rostro dañado, la piel quemada, el cuerpo como evidencia del horror. Las sobrevivientes existen en el imaginario colectivo principalmente como cuerpos heridos, como objetos de lástima. Lo que rara vez aparece es lo que vino después, las cirugías interminables, la discriminación laboral, los procesos judiciales que se extienden por años, la reconstrucción cotidiana y silenciosa de una vida entera.
Cicatrices, flores y reflejos se niega a reproducir esa forma de narrar. La exposición de Bustamante y Mondragón partió de la decisión de no centrar la herida sino de acompañar los procesos de reconstrucción de quienes la vivieron. Carmen Sánchez, Yazmín Hernández, Martha Ávila y Esmeralda Millán son las mujeres que aceptaron ser retratadas, que no aparecen como víctimas pasivas sino como personas que habitan el mundo, que resignifican su experiencia, que exigen justicia. La muestra se organizó en tres salas, Umbral, Reflexión y Huella, y propuso un recorrido que iba de lo íntimo a lo colectivo, de la marca individual a la memoria compartida.
Desde mi formación como abogada, el primer impulso ante este tipo de violencia siempre apunta hacia el mismo lugar, legislar, tipificar, sancionar. Y no digo que esté equivocado. Es también lo que han exigido durante años las propias mujeres que han sobreviviendo a esta violencia, quienes han construido redes de apoyo, han comparecido ante congresos y han impulsado reformas desde la experiencia más directa posible. La ley importa. Pero la ley que no va acompañada de una transformación cultural real corre el riesgo de convertirse en un gesto institucional que no modifica la forma en que miramos a estas mujeres, ni la manera en que la sociedad procesa o minimiza estas agresiones. El hecho de que cada entidad haya legislado de forma distinta, sin una ley general que unifique criterios y garantías, revela que incluso el compromiso normativo sigue siendo desigual y fragmentado. El derecho puede nombrar el daño y establecer consecuencias, pero difícilmente puede cambiar la mirada.
Lo que propuso esta exposición fue, en ese sentido, un tipo de activismo que el derecho no puede hacer solo, interpelar la forma en que observamos, cuestionar el lenguaje con el que nombramos a estas mujeres, devolver la agencia a quienes el relato dominante ha reducido a su herida, no como sustituto de la justicia sino como aquello que la justicia necesita para no ser únicamente castigo.
La exposición cerró sus puertas en marzo de 2026, pero la pregunta que planteó permanece: ¿qué decidimos ver cuando miramos una cicatriz?
